Por: Agustín Cruz Paulino
En las instituciones gubernamentales se violan las leyes dominicanas para beneficiar a politiqueros del actual gobierno en perjuicio de las instituciones y personalidades que sin hacer uso del tráfico de influencia pagan sus impuestos y cumplen los procedimientos burocráticos exigidos por las diferentes instancias gubernamentales.
Resulta vergonzoso que la corrupción de la justicia se ponga de manifiesto en la Procuraduría General de la Corte de Apelación de La Vega, donde se abusa de los ciudadanos para beneficiar a funcionarios del gobierno y a miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como si la justicia tuviera un rostro de politiquería. Lo mismo sucede en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) donde sus directores abusan del tráfico de influencia y el mal uso del poder para violentar las leyes y reglamentaciones que rigen los procesos en esa entidad gubernamental.
El caso descrito a continuación pone de manifiesto la corrupción, tráfico de influencia y abuso de poder que cometen algunos malos funcionarios del gobierno que preside el doctor Leonel Fernández Reyna:
Sucede que en la ONAPI se registró el día 26 de mayo del 2006 una institución que lleva por nombre Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel (CONDEPROMON), y los directivos de esa entidad pagaron todos los impuestos y cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 20-00 que rige en este país todo lo relacionado al registro de instituciones.
Sucede que esa Ley establece que luego de haberse registrado una entidad, NO puede registrarse otra que tenga un nombre similar o parecido a la ya inscrita.
Pero resulta que el Senador de la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova Paulino, y el Gobernador Provincial, Néstor Francisco Melensiano, presionaron al director de ONAPI para que éste le registrara el día 23 de octubre del 2006 otra institución con el mismo del Consejo para el Desarrollo de la provincia monseñor Nouel.
Eso no es todo. La ley 122-05 establece que para un Procurador General de una Corte de Apelación emitir el beneficio de incorporación para una entidad, necesita que el presidente de la referida entidad le deposite un expediente con todas las documentaciones necesarias, tales como Certificado emitido por ONAPI, una publicación realizada en la prensa nacional, las fotocopias de las cédulas de los directivos, entre otros.
Si embargo, ese funcionario judicial emitió el día 27-10-2006 una resolución de incorporación sin siquiera haberse hecho la publicación en el periódico, y más aún, él sabiendo que el falso Certificado de registro emitido por ONAPI en fecha 23-10-2006 se encontraba en proceso de ser anulado, debido a la impugnación que le hicieron los directivos del CONDEPROMON.
Pero ríanse, ese magistrado fue el mismo que emitió la Resolución de Incorporación del CONDEPROMON.
¿No es cierto que eso solo es posible en un país donde haya funcionarios sinvergüenzas y donde no exista un Estado de Derecho?
Este es un breve resumen del expediente que pesa unas cinco libras del referido caso, el cual se encuentran en procesos judiciales.
Es penoso que en el gobierno del PLD se cometan acciones tan repugnantes. Y es preocupante saber que al presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, y a su Asesor Jurídico, Dr. Pina Toribio, se les informó sobre este particular y no han hecho nada al respeto.
Ai! Juan Bosch, que malos son los discípulos que ocupan cargos en el actual gobierno.
En las instituciones gubernamentales se violan las leyes dominicanas para beneficiar a politiqueros del actual gobierno en perjuicio de las instituciones y personalidades que sin hacer uso del tráfico de influencia pagan sus impuestos y cumplen los procedimientos burocráticos exigidos por las diferentes instancias gubernamentales.
Resulta vergonzoso que la corrupción de la justicia se ponga de manifiesto en la Procuraduría General de la Corte de Apelación de La Vega, donde se abusa de los ciudadanos para beneficiar a funcionarios del gobierno y a miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como si la justicia tuviera un rostro de politiquería. Lo mismo sucede en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) donde sus directores abusan del tráfico de influencia y el mal uso del poder para violentar las leyes y reglamentaciones que rigen los procesos en esa entidad gubernamental.
El caso descrito a continuación pone de manifiesto la corrupción, tráfico de influencia y abuso de poder que cometen algunos malos funcionarios del gobierno que preside el doctor Leonel Fernández Reyna:
Sucede que en la ONAPI se registró el día 26 de mayo del 2006 una institución que lleva por nombre Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel (CONDEPROMON), y los directivos de esa entidad pagaron todos los impuestos y cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 20-00 que rige en este país todo lo relacionado al registro de instituciones.
Sucede que esa Ley establece que luego de haberse registrado una entidad, NO puede registrarse otra que tenga un nombre similar o parecido a la ya inscrita.
Pero resulta que el Senador de la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova Paulino, y el Gobernador Provincial, Néstor Francisco Melensiano, presionaron al director de ONAPI para que éste le registrara el día 23 de octubre del 2006 otra institución con el mismo del Consejo para el Desarrollo de la provincia monseñor Nouel.
Eso no es todo. La ley 122-05 establece que para un Procurador General de una Corte de Apelación emitir el beneficio de incorporación para una entidad, necesita que el presidente de la referida entidad le deposite un expediente con todas las documentaciones necesarias, tales como Certificado emitido por ONAPI, una publicación realizada en la prensa nacional, las fotocopias de las cédulas de los directivos, entre otros.
Si embargo, ese funcionario judicial emitió el día 27-10-2006 una resolución de incorporación sin siquiera haberse hecho la publicación en el periódico, y más aún, él sabiendo que el falso Certificado de registro emitido por ONAPI en fecha 23-10-2006 se encontraba en proceso de ser anulado, debido a la impugnación que le hicieron los directivos del CONDEPROMON.
Pero ríanse, ese magistrado fue el mismo que emitió la Resolución de Incorporación del CONDEPROMON.
¿No es cierto que eso solo es posible en un país donde haya funcionarios sinvergüenzas y donde no exista un Estado de Derecho?
Este es un breve resumen del expediente que pesa unas cinco libras del referido caso, el cual se encuentran en procesos judiciales.
Es penoso que en el gobierno del PLD se cometan acciones tan repugnantes. Y es preocupante saber que al presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, y a su Asesor Jurídico, Dr. Pina Toribio, se les informó sobre este particular y no han hecho nada al respeto.
Ai! Juan Bosch, que malos son los discípulos que ocupan cargos en el actual gobierno.
